El protocolo avanzó en el reconocimiento de acuerdos arbitrales pues éstos estaban prohibidos en determinadas jurisdicciones. Ambos antecedentes buscaron responder a dos necesidades básicas del arbitraje comercial internacional: i) el reconocimiento del acuerdo arbitral y ii) la ejecución de laudos en el extranjero. Tal consolidación ha sido resultado de una evolución normativa que tuvo como antecedente el Protocolo de Ginebra de 1923 y la Convención de Ginebra de 1927. La evidencia de ello es que la Convención es el tratado internacional más ratificado del mundo, luego de aquellos referentes a Derechos Humanos en la actualidad, más de 190 países la han ratificado.
Ésta ha sido calificada por algunos autores como el tratado internacional más importante en materia de arbitraje comercial internacional (Redfern & Hunter, 2006), convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo y establecimiento del arbitraje como método primordial de resolución de controversias en el ámbito del comercio internacional. (Jiménez, 2008)Įl arbitraje comercial internacional se rige por múltiples normas jurídicas, dentro de las cuales se encuentra la Convención de Nueva York de 1958 (La Convención), la cual tiene como propósito el reconocimiento y la ejecución de laudos dentro de los Estados adheridos.
Para el ex presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) Robert Briner “el arbitraje comercial internacional es el sirviente del comercio internacional”. Una de las características del capitalismo del siglo XXI es su carácter internacional, el cual requiere de instituciones jurídicas uniformes como el arbitraje comercial internacional. Las normas orientadas a regular aspectos comerciales o mercantiles están ligadas al sistema capitalista, por lo tanto, su evolución, sus crisis, sus renovaciones y su complejidad se refleja en su contenido (Villegas Lara, 2019). De esta manera sostendremos que es posible la ejecución de un laudo extranjero, nacido en virtud de un acuerdo oral para arbitrar siempre que la legislación del Estado en el que se pretenda ejecutar el laudo, regule la posibilidad de reconocer acuerdos orales.Īntecedentes de la Convención de Nueva York de 1958 Para resolver esta cuestión nos basaremos en los antecedentes de la Convención, su tratamiento como estándar máximo de formalidad y su aplicación frente a un acuerdo oral para arbitrar. Diego Mera (Perú), María Esperanza Franco (Ecuador), José David Enríquez (Guatemala) y Gary López (Ecuador).Įn el presente artículo se discutirá si a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 es posible ejecutar un laudo extranjero emitido en virtud de un acuerdo oral para arbitrar.
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